La reciente campaña en contra de las multas impuestas a los conductores mediante la prueba de las cámaras de velocidad ha sido importante. Nuevamente desde un medio de comunicación (en este caso el diario El Comercio) se le dio un jalón de orejas a las instituciones públicas de nuestro país. Es increíble que utilizaran como pruebas las fotos que habían sido capturadas por un aparato no calibrado y menos aún sin que este recurso estuviese correctamente reglamentado para su aplicación directa en el transporte urbano.
Siempre me quedó la duda de saber que, si alguien multado decidía hacer el reclamo respectivo (recuerden que la notificación llega a tu domicilio legal por debajo de la puerta) lo hubiesen aceptado al contar ellos con esa foto como prueba. Pero ¿Si esa máquina había sido manipulada o el conductor tenía una emergencia? Creo que nada de eso hubiera servido como justificación en un sistema tan cuadriculado como el nuestro.
Ante esta situación apareció en mi mente la imagen del policía de tránsito común y corriente que decide detenerte al exceder la velocidad en una calle o carretera. En ocasiones es a "su" criterio que vas corriendo y no tiene como probarlo. Ese es el instante (en la mayoría de las veces) donde entra en acción la corrupción. Ahí sí se requiere la "fotito" para evitar que al ciudadano se le "pique" o ellos intenten sobornar a la autoridad. Esta es la otra cara de la moneda, ahí si resulta ser útil la cámara.
Pero ¿Cómo podemos los limeños manejar con tranquilidad si a cada tres cuadras cambian los límites de velocidad? Por ejemplo en la Costa Verde hay hasta tres niveles distintos al igual que en la Av. Javier Prado. En al Av. Tomás Marsano el límite es del 30km/h.¿Cómo es posible que en una avenida ese sea el límite de velocidad si el reglamento estipula que es 60km/h a menos que haya un colegio u otra institución con afluencia de peatones? Si un ciudadano responsable decidiera cumplir absolutamente todos los límites impuestos por cada distrito, llegaría a su trabajo o destino al menos una hora después de lo planeado y ojo, manejando dentro de las normas del reglamento nacional. No hay una uniformidad ni un criterio para determinar los límites de velocidad en los distritos de la ciudad, con lo cual se crean confusiones y casi por "default" son difíciles de cumplir a cabalidad sin necesidad de ser un loco del volante.
Es bueno contar con pruebas más objetivas que los juicios de algunos policías. Las cámaras podrían funcionar con un reglamento bien definido para su aplicación en estos casos pero dejando de ser tan unilateral. Sería interesante que si alguien es capturado por este aparato, primero se le avise para que pueda ensayar una justificación y, luego de tener ambas versiones, recién la comisaría evalúe la posibilidad de multar a esa persona o no. Asimismo debería haber rangos de sanción(no es lo mismo exederse por 10km que por 50km lo establecido por la ley).
Como conclusión resulta imperativo señalar que hemos llegado al punto de necesitar pruebas más objetivas para una multa debido a la falta de organización de nuestro sistema vial, a la dudosa labor de algunos elementos que están en las calles para hacer respetar el desactualizado reglamento de tránsito y a los conductores (no todos obviamente) que carecen de responsabilidad social.
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