Hace un par de semanas tuve la oportunidad de viajar a Ayacucho. Estuve tanto en Huamanga como en Huanta. En ambos lugares es evidente que hay una herida abierta que se mantiene sangrando a un ritmo lento pero continuo. En definitiva el terrorismo afectó sus vidas para siempre, pero también lo hicieron algunos malos elementos de las fuerzas armadas.
Cuando un país está en estado de guerra (en este caso interna) es obvio que no sólo habrán víctimas en ambos bandos, sino también civiles inocentes. Sin embargo, eso no justifica matanzas de pobladores, violaciones a mujeres ni torturas a todos los campesinos por tener rasgos andinos, al igual que el enemigo. Asimismo, aquellas personas que llegaron a estas localidades para defenderlas, terminaron en muchos casos, generando más temor que los propios senderistas y emerretistas por sus actos.
Es lamentable escuchar declaraciones como las del Ministro de Defensa, Ántero Flóres Araoz, así como las del Primer Vicepresidente, Luis Gianpietri en el sentido de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no tuvo un papel adecuado y que sus recomendaciones no se pueden llevar a cabo en el Perú. Defendiendo también a los militares a capa y espada como si no tuvieran muchos de ellos rabo de paja.
Esto no es más que un tufillo de soberbia y autoritarismo que es el caldo de cultivo para que hechos que vulneran los derechos humanos, puedan repetirse. Todo ello en el marco del silencio total del Presidente de la República, Alan García, sobre este tema vital para que nuestro pueblo pueda sanar y progresar.
¿Qué mejor que separar de las Fuerzas Armadas a los involucrados en excesos y crímenes de lesa humanidad para limpiar la institución y realzar la imagen de integridad que deben tener? Mostrar dignidad y respeto a la población que defienden y no indiferencia.
Ojalá que no tengan que pasar otros cinco años para que realmente se realicen los actos reparatorios a las víctimas civiles a causa del conflicto y por fin nuestro país se pueda reconciliar con la vida.
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