Los intentos y deseos del gobierno por eliminar de raíz a todos los chuponeadores y empresas de seguridad que ofrecen servicios de espionaje telefónico, no es únicamente por su deseo de proteger la democracia.
Tal vez si nuestro país fuera un lugar en el mundo donde la política y sus actores son, por lo general, personas de intachable trayectoria y de una moral a prueba de balas, esos pedidos serían aceptados por la ciudadanía a ojos cerrados. Sin embargo, lamentablemente ese no es el caso.
Es una minoría la que no tiene rabo de paja y que, así los chuponeen, no encontrarían nada que les sirva a las mafias ni a sus rivales políticos. Cabe resaltar que a veces, hay algunos políticos que no han estado envueltos en escándalos o han salido librados de investigaciones, pero como otorongo no come otorongo...
Utópico sería que si se logran incautar más equipos de interceptación telefónica y grabaciones comprometedoras que sean de interés público (no sacadas de vuelta sentimentales o situaciones de ese tipo) se investigue de oficio y no terminen en incineradores clandestinos.
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