El día de ayer se cumplió un año desde que se destaparon los "petroaudios". A pesar de la primera explosión que generaron (se tumbó al gabinete Del Castillo) es poco lo que se ha avanzado en el caso.
Se especula sobre la cantidad de personas de las más altas esferas del poder que están implicados en los registros de audio de la empresa Buisness Track. Incluso esta semana han aparecido otros audios que comprometen a más políticos y empresarios. Pero, los únicos que realmente están detenidos son los operadores de esta empresa, más no los que los dirigían desde arriba.
En otros países donde el Poder Judicial es más independiente, un caso como este habría sido resulto en meses. Pero lamentablemente estamos en el Perú, donde los implicados suelen presionar para que estos casos no prosperen (gracias a jueces y fiscales poco competentes) y que, si sale alguna cosa, sea cuando ya hicieron maletas y están fuera del territorio nacional.
Estos casos también ponen en debate la forma cómo se consiguieron las pruebas que publicó la prensa. Recordemos que se trata de grabaciones ilícitas, obtenidas violando el derecho a la privacidad de las personas involucradas, las cuales fueron hechas por una empresa y se filtraron a los medios.
Sin embargo, creo que más importante es que se revele un delito que atenta contra el Estado que debatir si fueron legales o no. ¿Cómo se hubiese descubierto todo esto? Eso no significa que los periodistas vamos a chuponear a personajes sospechosos. Me refiero a que si estas grabaciones ya existían, una fuente las entrega y son de interés público ya que evidencian un delito (no amoríos o charlas de amigos) sí se justifica.
Sigamos esperando sentados que se procesen a los implicados así como que se revele la identidad de las personas de la política involucrados en este tipo de negocios sucios. Esperemos que no pase otro año más...
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